Mónica García quiere prohibir lo que funciona. Literalmente.

Una regulación desproporcionada que empuja a los exfumadores a volver a fumar cigarrillos

El Ministerio de Sanidad español afirma querer proteger a los menores. Hasta ahora, todo bien. El problema radica en cómo. El nuevo proyecto de Real Decreto, actualmente en trámite de notificación en la UE, propone dos medidas radicales: limitar la concentración de nicotina en las bolsitas a 0,99 mg y prohibir todos los sabores excepto el tabaco. En la práctica, esto equivale a una prohibición de facto de un producto que cientos de miles de españoles utilizan para reducir o dejar de fumar cigarrillos tradicionales.

La lógica del Ministerio es simple, pero errónea: si los sabores pueden atraer a los menores, elimínelos; si la nicotina es adictiva, reduzca su consumo al mínimo. Pero las consecuencias de este enfoque punitivo no solo afectarán a los infractores, sino que serán más graves para aquellos consumidores que han encontrado en las bolsitas de nicotina una alternativa realista, discreta y mucho menos dañina al tabaco. Proteger a los menores es crucial. Pero castigar a los consumidores no es la manera de hacerlo.

Los datos son claros: los consumidores usan bolsitas de nicotina para dejar de fumar

Según una nueva encuesta de Dynata para la Fundación Tholos, dos tercios de los usuarios de bolsas de nicotina en España las eligieron por motivos de salud, principalmente para reducir o dejar de fumar. Además, el 841% de los encuestados se opone firmemente a la prohibición propuesta por el Ministerio.

La encuesta también revela un punto clave que el Ministro parece ignorar: el 90% de los usuarios cree que los sabores son esenciales para dejar de fumar. Las variantes frutales y mentoladas, en particular, se perciben como más agradables y efectivas que el sabor a tabaco, que muchos asocian con el mismo hábito que intentan abandonar.

Prohibir estos sabores no impedirá el acceso de los jóvenes (algo que se soluciona mejor mediante la verificación de la edad, no con prohibiciones generales), pero hará que sea más difícil para los fumadores adultos dejar de fumar.

Uno de cada tres volvería a fumar

Quizás el hallazgo más alarmante del estudio sea el siguiente: si la regulación se implementa según lo propuesto, un tercio de los usuarios afirma que volvería a fumar cigarrillos, mientras que otro tercio intentaría eludir la norma mediante compras en línea o transfronterizas. Solo el 61% de los usuarios abandonaría la nicotina por completo.

En otras palabras, esta política no reducirá el número de usuarios, sino que aumentará el riesgo de que se consuman. Alimentaría el mercado negro, debilitaría la supervisión sanitaria y podría acabar aumentando las tasas de tabaquismo en lugar de reducirlas.

Sí, existen formas efectivas de prevenir el acceso de los jóvenes

Existe un creciente consenso en toda Europa, y entre los propios consumidores, sobre qué medidas son eficaces para mantener a los menores alejados de los productos con nicotina sin penalizar a los consumidores adultos. La encuesta de Dynata muestra un fuerte apoyo a políticas como controles de edad más estrictos en el punto de venta, sanciones reales para quienes venden a menores y campañas educativas específicas.

Este tipo de medidas ya están funcionando con éxito en países como Suecia, que está a punto de convertirse en el primer país europeo libre de humo, sin tener que recurrir a prohibiciones absolutas.

Prohibir lo que funciona es irresponsable

Nadie quiere que los menores consuman productos de nicotina. Pero cuando las buenas intenciones se convierten en decretos rígidos y desproporcionados, corremos el riesgo de hacer más daño que bien.

El sistema TRIS de la UE ya ha recibido objeciones a esta propuesta por parte de países como Rumanía, Italia, Suecia, Chequia y Grecia. Incluso la propia CNMC española ha cuestionado la falta de respaldo empírico y el posible impacto negativo en el mercado legal. Prohibir los aromas y reducir la nicotina a niveles ineficaces no es protección. Está impulsando a los consumidores a volver a fumar. Está criminalizando a quienes han decidido dejarlo.

Conclusión: Proteger, no castigar

Si realmente queremos proteger a los jóvenes, debemos regular con inteligencia, no con reflejos prohibicionistas. Fomentemos la educación y la venta responsable. Pero no eliminemos del mercado la herramienta que ha ayudado a miles de consumidores a dejar el cigarrillo sin recaer.

España necesita políticas de salud pública basadas en la evidencia, no en el miedo. Porque cuando se castiga lo que funciona, no se protege a los vulnerables. Se los condena.